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Los paraísos fiscales juegan un papel fundamental en la mundialización. Los grandes bancos nacionales y extranjeros están presentes en al menos una quincena de paraísos fiscales. Se trata de territorios que ofrecen opacidad financiera, fiscal y jurídica.
La literatura económica los considera bien como una respuesta a políticas de presión fiscal excesiva en los países más ricos, o bien como una manifestación más de la economía informal. Pero, según expertos como Christian Chavagneux (doctor en Economía y periodista) y Ronen Palan (politólogo, profesor de Economía Política Internacional en la City University London), autores del libro “Los paraísos fiscales”, la cuestión es algo más compleja.
A continuación, indagamos en sus características y en las consecuencias que tienen a nivel político y económico tanto en Europa como en nuestro país.
Tal como señalan Chavagneux y Palan, aunque la expresión “paraísos fiscales” se emplea frecuentemente en los medios de comunicación, definirla no resulta tan sencillo. En sentido general, los paraísos fiscales se refieren a los países en los que personas extranjeras ricas o empresas colocan su capital para evitar pagar impuestos en sus territorios de origen.
Encontramos desde países con pequeñas economías insulares cuyos regímenes fiscales se han creado con la intención de atraer a no residentes como las Bahamas, hasta aquellos como Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein que rechazan esta etiqueta. En este último caso, hablamos de unos sistemas fiscales diferentes y reglamentados, pero con leyes fiscales muy atractivas para poseedores de capitales extranjeros.
No obstante, la complejidad de los sistemas fiscales modernos hace que prácticamente cualquier país pueda convertirse potencialmente en un paraíso fiscal para sus vecinos. Esta es la razón por la cual muchos especialistas afirman que no existen pruebas objetivas y claras para identificar a un determinado país como paraíso fiscal, dejando la puerta abierta a numerosas definiciones oficiales y no oficiales.
Según la OCDE, un paraíso fiscal es una jurisdicción que no grava con impuestos a las rentas del capital, o que las grava muy poco, y que, además, presenta al menos una de estas 3 características:
De esta manera, la OCDE, como otros organismos internacionales, se centran en los paraísos fiscales más recalcitrantes a la hora de cooperar, lo que deja fuera del foco de atención a otros territorios con sistemas jurídicos que favorecen la creación de paraísos fiscales. Por ejemplo, aunque la plaza financiera de Londres no es considera como un paraíso fiscal, ampara el mercado de los eurodólares, un mercado extraterritorial, poco regulado y no gravado.
Dadas las dificultades de encontrar una definición clara por parte de las instituciones globales, recogemos los 10 criterios establecidos por Chavagneux y Palan para reconocer un paraíso fiscal:
Aunque para la Unión Europea no existe ningún país comunitario que pueda ser calificado como paraíso fiscal, el Comité Especial de Delitos Financieros, Evasión Fiscal y Elusión Fiscal del Parlamento Europeo concluyó en 2019 que 7 países de la Unión tenían rasgos de refugio fiscal:
La ONG Oxfam llegó a conclusiones similares teniendo en cuenta los criterios que utiliza la propia Bruselas para decidir si terceros territorios son o no un paraíso fiscal.
No obstante, como hemos visto anteriormente, existen muchos otros países europeos cuyos regímenes fiscales presentan características que favorecen la creación de paraísos fiscales.
Cada año los Estados pierden miles de millones por la evasión de impuestos y los abusos fiscales de los ciudadanos más pudientes y los grandes grupos corporativos.
Según un estudio de la organización independiente Tax Justice Network (TJN) publicado en El País, esta fuga de recursos asciende a 427.000 millones de dólares en pérdidas directas. En España, la cifra se acerca a los 3.700 millones de euros, equivalentes al 1,52% de los ingresos fiscales totales y al 5% del gasto en salud.
Este informe destaca que los Estados con ingresos bajos y medio-bajos pierden anualmente el 5,8% de recaudación por los abusos de las multinacionales y de los ciudadanos más ricos, frente al 2,5% de los países con rentas altas y medio-altas. Si se traslada esta cantidad al terreno sanitario, la brecha es aún mayor: la pérdida en el primer grupo de países equivale a casi el 52% de su presupuesto sanitario, frente al 8,4% de los segundos.
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