El Gobierno aprueba un anteproyecto de la nueva Ley de la Vivienda

Cada vez está más cerca. La esperada nueva Ley de la Vivienda tiene visos de convertirse en las próximas semanas en una de las medidas estrella de esta legislatura. Después de no pocas polémicas y enfrentamientos con la oposición, el pasado martes 26 de octubre, el Gobierno aprobó un anteproyecto de la Ley de la Vivienda. La intención es que sea tramitada de manera urgente y pueda entrar en vigor durante el segundo semestre del año.

¿Y qué novedades se van a encontrar los ciudadanos en esta nueva legislación? Las principales son intentar facilitar el acceso a la vivienda de las personas con más dificultades, limitar el precio del alquiler, sobre todo en las zonas más tensionadas, y dificultar los desahucios de los individuos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Veámoslo con más detalle.

Un pilar del Estado del Bienestar

Para Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con esta nueva ley se pretende situar la vivienda como “quinto pilar del Estado del Bienestar”. En este sentido, el objetivo es que la vivienda “deje de ser considerada como un bien de mercado y pase a ser un bien público”.

Ante la posibilidad de que la regulación pueda provocar una retirada de los fondos extranjeros en el sector, Raquel Sánchez ha negado tajantemente que esto vaya a ocurrir. En su opinión, esta nueva ley ofrece “seguridad jurídica” tanto a los quienes rentan los inmuebles como a sus propietarios.

Y es que desde el Gobierno consideran que esta profunda reforma nace con la capacidad de “conciliar los intereses de los inquilinos, pero también de los propietarios”.

Las principales medidas que proyecta la Ley

Son muchos los apartados que pueden implicar un cambio importante en el sector. A la espera de que el anteproyecto de ley llegue al Congreso, “cuanto antes”, y sea tramitado, estos son los puntos principales que trae consigo la nueva Ley de la Vivienda en España.

  • Aparece el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que ofrecerá “beneficios fiscales o de otra índole” a aquellos propietarios que pongan el alquiler de su vivienda a precios reducidos.
  • Se establece un recargo para evitar que existan pisos vacíos. De este modo, los Ayuntamientos tendrán la capacidad de aplicar un recargo sobre el IBI a las viviendas que no estén ocupadas durante al menos dos años, siempre que no existan causas que justifiquen esa desocupación y con un mínimo de cuatro viviendas por propietario.
  • Existirán beneficios fiscales para los pequeños tenedores. Para incentivar el alquiler de vivienda habitacional, el Gobierno prevé deducciones que irán del 50% al 90% del IRPF para aquellas personas que sean propietarias de menos de diez viviendas residenciales y las pongan en alquiler.
  • Se podrán declarar zonas de mercado tensionado. Serán las comunidades autónomas las que puedan señalar ciertos lugares como de “mercado tensionado”. Para ello deberán basarse en criterios objetivos previamente establecidos. En estas zonas se aplicarán medidas que servirán equilibrar o disminuir los precios del alquiler de la vivienda residencial.
  • Definición de grandes tenedores. Se señala un nuevo concepto referido a aquellas personas físicas o jurídicas que sean propietarias de más de diez viviendas de uso residencial o un complejo construido, y también de uso residencial, de más de 1.500 metros cuadrados. Los grandes tenedores tendrán el deber de informar y de colaborar en las zonas consideradas de mercado tensionado.
  • Se prevé una reserva de un 30% del suelo urbanizado para vivienda protegida. En el caso de que suponga que se vean afectados derechos adquiridos de algunos individuos, la nueva Ley señala que se ofrecerá a sus propietarios las “compensaciones que correspondan”.
  • Nueva regulación del proceso de desahucio para las personas vulnerables. Se prevén nuevas medidas que conduzcan a la mejora de la comunicación entre los servicios sociales y el órgano judicial. El objetivo es que las familias vulnerables no puedan quedarse sin vivienda a causa de su situación.
  • Creación del Consejo Asesor de la Vivienda. Se trata de un órgano técnico, consultivo y asesor del Gobierno que apoyará la programación de las políticas públicas de vivienda. El Consejo Asesor de la Vivienda estará formado por asociaciones del Tercer Sector, representantes del sector financiero y empresarial y expertos en vivienda de distintos ámbitos, entre otros.
  • Apuesta por aumentar el parque de viviendas público. En España, a día de hoy, este solo cubre a un 1,6% de los españoles, mientras que en los países de nuestro entorno el porcentaje llega hasta el 10%.

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