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Las legislaciones buscan normar las interacciones entre ciudadanos y preservar los derechos de sus habitantes. El tema del derecho a la vivienda es algo que siempre se asoma como espinoso, porque al fin y al cabo alguien debe costearlo. En este sentido, actualmente vemos el impulso que se está dando al alquiler de viviendas sociales.
El gobierno ha puesto en la palestra esta voluntad política de promover de alguna manera el aumento de la oferta de viviendas destinadas para lo que han llamado alquiler de viviendas sociales. Vagamente también se ha reiterado que ante todo debe ser un plan de viviendas asequibles.
El plan de viviendas sociales se basa en una serie de reformas y decretos cuyo objetivo es lograr que se ofrezcan para dicho plan y de forma obligatoria aquellas viviendas que se consideren estar ociosas según el inventario actual.
Quizá esto es lo que hace al tema bastante controversial, ya que el enfoque se ha hecho en un corto plazo difícil de cumplir sin afectar intereses y, en general, el respeto a la propiedad privada.
No cabe duda que es preocupante que cada día haya un incremento de las familias y personas que lidian con muchas dificultades para lograr mantener un techo que los cobije; no obstante, la solución no debería cargarse el derecho de otros.
Una de los aspectos que ya está vigente en este respecto es el condicionamiento para ejercer la plena propiedad de los inmuebles cuyos dueños se catalogan como “grandes tenedores” por poseer más de 15 pisos. Por ejemplo, antes de que ellos puedan ejecutar un desahucio deben garantizar a los desalojados una vivienda en términos de alquiler asequible.
Se apunta a la afectación de viviendas desocupadas en lugar de proyectar un plan a mediano o largo plazo que propicie la generación de inmuebles tanto en el sector público como en el privado, y que estén destinados a alquilar en una cuantía que cubra la demanda que hay actualmente y la que surgirá.
Para ello se adelanta un censo que tiene como objetivo establecer la cantidad exacta de viviendas que no están siendo usadas por sus propietarios, para eventualmente instarlos a que pongan esa parte de sus patrimonios a la orden de estos planes de viviendas de alquiler social.
Se estima que la necesidad o demanda de viviendas para alquiler social asciende aproximadamente a 1,5 millones viviendas. La cuenta que sacan algunos voceros del gobierno es que serían necesarios unos 50 años para que el sector público sea capaz de cubrirla.
Es así que se desea acudir al recurso de invitar –si cabe el término– a los propietarios de inmuebles “ociosos” para que de manera solidaria pongan a disposición estas viviendas para apoyar este propósito.
El inconveniente estará en cuánta presión jurídica sentirán estas personas en dar un espaldarazo a este plan de viviendas sociales, aun cuando vaya en detrimento de sus intereses. En principio no hay nada de malo en que alguien mantenga en desuso algún bien inmueble.
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A todas luces, el alquiler de viviendas sociales promovido por el gobierno es algo muy loable que pretende otorgar ayuda a las personas que de alguna manera sufren de exclusión en términos de vivienda. Sin embargo, lo deseable es que no vaya en detrimento del respeto irrestricto a la propiedad privada.
El alquiler de viviendas asequibles es un clamor de la gente más desfavorecida y el tema debe abordarse desde el punto de vista estructural y no coyuntural. Lo que es conducente es plantear un proyecto de largo aliento que, promocionado por el Estado, establezca estímulos a los inversionistas para atender ese mercado.
Habría que hacer memoria para recordar que los planes de viviendas de alquiler social quizá se descuidaron en el tiempo. Sin embargo, hasta finales de los años 90 del siglo pasado cerca de un 40 % del parque de viviendas era destinado a este fin.
En la actualidad este porcentaje solo llega a un 1,5 % y se hace muy complicado revertir este número en un plazo tan corto como se pretende. Es el momento de sentarse a desarrollar políticas sensatas sobre el alquiler de viviendas sociales sin que otros sectores tengan que sufrir las consecuencias.
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